Como Gerente del Hospital Departamental María Inmaculada – E.S.E., me permito informar a la opinión pública y a las autoridades competentes sobre una situación que compromete gravemente la seguridad de nuestros profesionales de la salud, especialmente en el centro de salud del municipio de La Montañita.
Durante las últimas semanas, hemos enfrentado reiteradas amenazas verbales y comportamientos hostiles por parte de algunos usuarios hacia el personal médico. Este ambiente de intimidación ha generado temor entre nuestros colaboradores, al punto de provocar la renuncia de dos médicos que manifestaron no contar con garantías suficientes para continuar ejerciendo su labor en condiciones dignas.
Desde el pasado 29 de septiembre, circulan audios, videos y publicaciones intimidantes en redes sociales que incitan al cierre del centro de salud, bloqueos de vías y protestas públicas. Estas acciones no solo ponen en riesgo la integridad del equipo médico, sino que amenazan la continuidad del servicio de salud en una zona que requiere atención permanente.
Ante esta grave situación, hemos solicitado de manera respetuosa y urgente el acompañamiento institucional de la Alcaldía y la Personería del municipio de La Montañita, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo. Asimismo, consideramos indispensable la implementación de campañas de sensibilización comunitaria que promuevan el respeto, la convivencia pacífica y el reconocimiento de la labor médica como una misión humanitaria.
La prestación del servicio de salud es un derecho fundamental, y su garantía depende de que quienes lo brindan puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad y respeto. Si existen inconformidades frente a la atención recibida, estas deben canalizarse por las
vías legales correspondientes, y no mediante acciones de hecho que afectan a toda la comunidad.
A pesar de las amenazas, el centro de salud de La Montañita continúa prestando sus servicios con normalidad, gracias al compromiso y vocación de su equipo humano. No obstante, es urgente que se adopten medidas concretas para proteger a quienes hacen posible la atención médica en zonas vulnerables.
Reitero mi disposición institucional para colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones efectivas. La salud no puede esperar, y la protección de quienes la garantizan debe ser una prioridad.
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