Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude – SICOF
En cumplimiento de la Circular Externa No. 20211700000005-5 de 2021, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, el Hospital Departamental María Inmaculada expidió el Acuerdo No. 002 del 10 de enero de 2025, “Por el cual se aprueba en su totalidad el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude – SICOF”.
¿Qué es SICOF?
El Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF) es un conjunto de políticas, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, cuyo objetivo es prevenir, detectar y reducir los actos de corrupción, opacidad y fraude. Este subsistema se enfoca en identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a estas prácticas dentro de la organización, en el ámbito público. Forma parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y está orientado a fortalecer la integridad institucional mediante acciones de prevención, control y mejora continua frente a los riesgos de corrupción y falta de transparencia.
CORRUPCIÓN
La corrupción pública se refiere al uso indebido del poder conferido a los funcionarios o servidores públicos, con el fin de obtener beneficios personales o para terceros, ya sea de forma directa o indirecta. Esta puede manifestarse a través de prácticas como el soborno, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el favoritismo, el clientelismo o el desvío de recursos públicos.Según Transparencia Internacional, la corrupción en el sector público es "el abuso de un cargo público para beneficio privado". Esto incluye desde pequeñas prácticas corruptas —como pagar para acelerar un trámite— hasta grandes escándalos que involucran contratos públicos y redes criminales. De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción en la función pública deteriora la confianza en las instituciones, afecta la eficiencia del gasto público, distorsiona la asignación de recursos y limita el acceso equitativo a los servicios básicos.
OPACIDAD
Es la falta de transparencia en la actuación de las entidades públicas. Se manifiesta cuando no se brinda información clara, accesible y oportuna sobre las decisiones, procesos, recursos o resultados de la administración pública. Esta situación impide el ejercicio del control ciudadano, debilita la confianza en las instituciones y crea un entorno propicio para la corrupción. Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la opacidad está relacionada con “la ausencia de reglas claras, acceso limitado a la información y debilidad en los mecanismos de rendición de cuentas”, lo cual puede obstaculizar la eficiencia y la integridad del sector público.
SOBORNO
El soborno es un acto de corrupción que consiste en ofrecer, prometer, dar, recibir o solicitar dinero, bienes, favores u otros beneficios indebidos con el fin de influir en las decisiones o acciones de un funcionario público o servidor del Estado. Su objetivo es obtener un trato preferencial, evitar sanciones, facilitar trámites o lograr beneficios que no corresponden por derecho. En el contexto público, el soborno vulnera los principios de igualdad, imparcialidad y legalidad, distorsiona el funcionamiento institucional y mina la confianza ciudadana en la administración estatal. Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), el soborno incluye tanto la conducta activa (dar u ofrecer) como la pasiva (solicitar o recibir) de ventajas indebidas por parte de un servidor público.
FRAUDE
Es una conducta deliberada mediante la cual una persona engaña o manipula información para obtener un beneficio indebido o causar un perjuicio a otra persona o entidad, especialmente al Estado. En el sector público, el fraude puede manifestarse a través de la falsificación de documentos, la manipulación de contratos, el desvío de recursos públicos, la presentación de información falsa o la omisión intencionada de datos relevantes. El fraude contra la administración pública afecta directamente la eficiencia del gasto público, genera pérdidas económicas significativas y deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el fraude en la función pública implica actos intencionados de engaño para apropiarse ilegalmente de bienes o recursos públicos, y puede estar relacionado con otras formas de corrupción como el soborno o la colusión.
RUTA DE DENUNCIAS
El Hospital Departamental María Inmaculada cuenta con canales de comunicación destinados a la recepción de denuncias y PQR. Estos mecanismos están disponibles para que tanto el personal interno como los ciudadanos externos puedan reportar situaciones que involucren posibles irregularidades, incumplimientos normativos, actividades sospechosas, evidencias u otros hechos que puedan estar relacionados con actos de corrupción, opacidad, fraude o soborno. Con ello, la entidad reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la integridad institucional.
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PREGUNTAS FRECUENTES
El objetivo principal es ofrecer lineamientos administrativos generales a las entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, orientados al diseño e implementación del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF).
La principal diferencia entre ambos radica en la naturaleza de los riesgos que administran. No obstante, desde una perspectiva metodológica, comparten ciertas similitudes en cuanto a sus fases, componentes y enfoque basado en riesgos.
